Las severas sanciones impuestas en Corea del Sur a los estudiantes acusados de acoso escolar están teniendo consecuencias que van más allá del efecto disuasorio previsto, según el artículo fuente. Cada vez más familias impugnan las decisiones de las escuelas mediante demandas, y las aseguradoras han informado de un marcado aumento en los pagos relacionados con reclamaciones por violencia escolar.
Los estudiantes con antecedentes de acoso escolar pueden quedar excluidos de la admisión en universidades públicas, una sanción que podría tener importantes consecuencias económicas y educativas. El artículo sostiene que lo mucho que está en juego ha llevado a los padres a impugnar las acusaciones y las decisiones de las escuelas en lugar de aceptarlas sin más. Estas disputas legales pueden durar años y costar decenas de miles de dólares.
Las cifras citadas de cinco grandes aseguradoras de seguros generales muestran que los pagos vinculados a la violencia escolar aumentaron de 231 casos en 2021 a 1.297 en 2022 y 3.388 en 2023. El artículo informa de 3.443 casos en 2025 y señala que ya se habían registrado 2.056 en enero y febrero de ese año.
La fuente también describe un caso en el que demandaron por 25 millones de wones, o unos 16.580 dólares, a un estudiante de quinto curso que había pedido prestados objetos repetidamente y supuestamente había mirado a otro estudiante. La oficina educativa local determinó que no era necesario tomar medidas, pero el padre o la madre del otro estudiante presentó una demanda civil por daños y perjuicios. El tribunal desestimó íntegramente la demanda y, más tarde, la familia solicitó cobertura del seguro tras enfrentarse al proceso del comité escolar y a los procedimientos judiciales.
El artículo presenta estos casos como un efecto no previsto de una política concebida para frenar el acoso escolar: las prolongadas batallas legales pueden imponer a las familias una considerable carga económica y psicológica.
Fuentes: Psychology Today.